Ante la posibilidad de que algunos artículos fueran declarados ilegales, el Gobierno decidió retirar el reglamento de la Ley de Migraciones de Controlaría.

Cabe recordar que el documento fue ingresado el 6 de diciembre de 2021 y es esencial para que la nueva normativa entre en funcionamiento. Sin éste, no se pueden hacer controles distintos a los que ya se realizan en la Macrozona Norte.

El 6 de diciembre del año pasado, el gobierno ingresó a la Contraloría General de la República el Decreto 296, que contiene el reglamento de la nueva Ley de Migraciones (21.325), que había sido promulgada previamente, el 20 de abril en el Diario Oficial.

Luego de su ingreso al ente revisor, el 6 de diciembre de 2021, su primer plazo terminó el 23 del mismo mes. Sin embargo el órgano solicitó una prórroga hasta el 18 de enero.

La iniciativa -impulsada por el gobierno del Presidente Sebastián Piñera– tardó varios años en ser aprobada, considerando la resistencia por parte de la oposición, desde donde sectores la calificaron de “discriminatoria” para los migrantes. El proyecto, de hecho, fue tramitado en medio de la crisis migratoria que afronta el país.

Si bien una vez promulgada la normativa el gobierno tenía un plazo de hasta un año para ingresar el reglamento, en su oportunidad resolvieron hacerlo antes, con el fin de dejarlo listo durante la actual administración -que concluye su mandato el 11 de marzo- y, de esta manera, comenzar de lleno con la aplicación de la nueva ley.

Sin embargo, el gobierno resolvió retirar de Contraloría reglamento de ley.

Contraloría se demoró 10 días en comunicar que la demora se debió a una revisión exhaustiva. Pero conocedores de los sucedido aseguran que fue por varios puntos con problemas de fondo.

En síntesis, estos estarían mal hechos, por que en caso de una toma de razón de Contraloría, los declararía ilegales.

El escenario genera un traspié para el gobierno, considerando que la revisión podría ahora demorar más tiempo del esperado y diluir el plan inicial para su aplicación.

Por parte de Contraloría, el ente había excedido el plazo de revisión y no se había pronunciado aún. Esto, debido a que fue recibiendo observaciones al reglamento por parte de distintos organismos, entre ellos algunos que cuestionan la constitucionalidad de la ley.