Un Nuevo Ciclo de la Política Exterior y los Desafíos de la Migración en un Mundo Interconectado

En este articulo solo encontraras las propuestas en materia de Migración y política exterior de la candidata Yasna Provoste Pagina 153 de su programa de Gobierno, puedes descargarlo completo en https://yasnapresidenta.cl

Nuestro país es reconocido por su alto grado de integración al mundo, no obstante, su tamaño mediano, lejanía geográfica y situación aún en vías de desarrollo. Su reinserción internacional postdictadura, que ayudó a superar la pobreza y su capacidad negociadora, construida a lo largo de décadas, constituyen un activo nacional. Chile es además un país donde el Estado de Derecho ha significado un atractivo para el desarrollo exportador y la Inversión extranjera.

Chile transita hoy un cambio de época, marcada por nuevos desafíos que, en su dimensión internacional, motivan un nuevo ciclo de su Política Exterior, que debe hacerse cargo de la tensión entre la interdependencia global y la necesidad del Estado de responder a demandas ciudadanas con políticas de alcance local.

En consecuencia, esta propuesta aspira a orientar la acción internacional del Estado hacia el diálogo, la cooperación, y el desarrollo sostenible. Sus rasgos distintivos son: su sello ambiental; su compromiso con el multilateralismo, la región y los vecinos; su énfasis en la democracia y los derechos humanos, así como en el trato a las personas, y su visión de la migración en el contexto global.

1) Sello ambiental.

Nuestra política exterior contribuirá a la transformación requerida para enfrentar la emergencia climática ejerciendo liderazgo en la materia. La primera medida de nuestra administración en esta área será la adhesión al Acuerdo de Escazú. Respecto del Acuerdo de París, promoveremos su implementación y complementación, y verificaremos avances mediante una tercera evaluación de desempeño ambiental ante la OCDE. Ejerceremos además un rol activo en avanzar en un esquema de reducción de emisiones para la aviación comercial y la actividad naviera. Como país evidentemente marítimo, la conservación del océano será profundizada como prioridad.

2) Más y mejor multilateralismo.

Enfrentamos un escenario donde el multilateralismo está debilitado, y el prestigio de nuestra diplomacia ha sido minado por la gestión del gobierno saliente. Trabajaremos entonces para revitalizar la participación de nuestro país en espacios multilaterales, y para dotarlo de un mayor grado de autonomía estratégica en defensa de intereses nacionales y la vocación histórica de Chile por la paz y la seguridad internacionales, el respeto a la democracia y los derechos humanos, el derecho internacional y la solución pacífica de controversias, y la protección del medio ambiente y la biodiversidad, con especial preocupación por los océanos y la Antártica. Entre las tareas multilaterales de este nuevo ciclo están el apoyo a la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de Naciones Unidas; al régimen internacional de derechos humanos, ratificando acuerdos pendientes; al Tratado Global sobre Pandemias, proceso ya comenzado en la OMS; y a la suspensión, en el seno de la OMC, de las reglas de patentes aplicables a vacunas contra el COVID-19, para que países menos desarrollados puedan beneficiarse de la fabricación genérica.

3) Más y Mejor Democracia y Derechos Humanos.

Los Derechos Humanos marcan nuestra presencia internacional. Nos interesa que Chile vuelva a posicionarse, a nivel regional y global, como un líder cuya voz en defensa de los derechos humanos no tenga dobles estándares en el discurso externo y la política interna. Valoramos el rol del sistema interamericano y sus órganos en la protección de derechos humanos, y lo apoyamos decididamente. Respecto de la Carta Democrática Interamericana, estimamos que la defensa y promoción hemisféricas de la democracia demandan su fortalecimiento.

4) Compromiso con la región y los vecinos.

Para superar la pérdida de relevancia internacional de América Latina y el Caribe, potenciaremos el diálogo y la cooperación sobre desafíos comunes. El combate a la pandemia, el hambre y la desnutrición, la lucha contra el crimen organizado y la prevención de desastres, nos abren una agenda común a todos. En Sudamérica, nos preocupa la fragmentación y la carencia de diálogo político, porque las relaciones no pueden limitarse al comercio con países afines: retomaremos ese diálogo, más allá de diferencias ideológicas, empujando una convergencia entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur. Todo ello, sin descuidar nuestros otros vínculos, especialmente con Europa, Norteamérica y Asia Pacífico.
Con nuestros vecinos, con pleno respeto a los tratados vigentes y la integridad territorial, vemos una oportunidad para densificar relaciones en la reciente incorporación de los Gobernadores Regionales al aparato estatal. Con Argentina y Perú, profundizamos el entendimiento a partir de una agenda audaz de integración, alineando posiciones compartidas hacia el resto de la región. Con Bolivia, pensamos que es tiempo de ampliar la cooperación y estar abiertos a mejorar la relación bilateral, con sujeción al fallo habido de la Corte Internacional de Justicia y sin condicionamientos.

5) Integración para el Desarrollo Sostenible.

La integración y el desarrollo sostenible no son incompatibles. Por tanto, conduciremos responsablemente nuestras relaciones económicas internacionales, relevando la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y con transparencia hacia la ciudadanía y todos los actores relevantes. La política comercial continuará aportando al crecimiento y recuperación post pandemia, apoyando la labor de las Pymes, la conectividad transfronteriza, la formación de capital humano, el conocimiento científico y tecnológico, y el desarrollo de las regiones. A nivel global, apoyaremos esfuerzos para un sistema OMC más robusto y actualizado. Respecto a la inversión extranjera directa, respaldaremos iniciativas que fortalezcan la atracción de acuerdo a estrategias de desarrollo territorial, así como la transparencia y eficiencia en la solución de controversias Estado-inversionista.

6) Un nuevo trato a las personas.

La Política Exterior es uno de los motores del desarrollo integral de nuestro país, no sólo económico sino también humano. Nuestra visión del trato a las personas es multidimensional y contempla aspectos de participación, inclusión, administración de recursos humanos y comunicación.

a) Participación. Nos interesa acercar la política exterior a la sociedad civil, los territorios, las comunidades y los sectores productivos, mejorando los espacios de participación en dos niveles:
– Gobiernos regionales y locales: en línea con el eje programático de descentralización, relevaremos su rol internacional como instancias clave para avanzar en la protección ambiental, la atracción de inversiones, la promoción de exportaciones, y el fomento de la cultura, el deporte y el turismo.

– Comunidades de chilenos en el exterior: mejoraremos la atención consular y su participación en procesos electorales. Haremos efectiva su representación mediante la creación de una circunscripción propia. Derogaremos el requisito de residencia mínima en Chile que hoy se exige para que los hijos de chilenos nacidos en el exterior participen en elecciones (el que no se les exige para adquirir la nacionalidad).

b) Inclusión. La equidad de género se aplicará a la totalidad de nuestras agendas externas, avanzando hacia una política exterior feminista. En nuestras representaciones en organismos y foros internacionales impulsaremos la agenda de derechos LGBTIQ+. Renovaremos esfuerzos para la promoción del arte y de las expresiones de las culturas nacionales en el exterior, a través de Fundación Imagen de Chile y ProChile; y respecto de los bienes culturales indígenas, implementaremos una coordinación interministerial con las carteras de Culturas, Bienes Nacionales, y la CONADI (o la institución que la reemplace), para el monitoreo de posibles instancias de repatriación, con apoyo jurídico, estratégico y logístico.

c) Recursos humanos.

A fin de que la diversidad del país se refleje en el servicio exterior, y en consonancia con nuestro eje de Derechos Humanos, corregiremos la subrepresentación de mujeres, pueblos originarios, personas en situación de discapacidad y población LGTBIQ+ en el ingreso de profesionales y funcionarios por todas las vías, incluyendo cargos de exclusiva confianza. Además, como parte del fortalecimiento de la función pública, apoyaremos la carrera funcionaria en Cancillería. Entre otras medidas, corregiremos anomalías para hacer posible el retiro y promover la movilidad ascendente en el servicio exterior asociada a desempeño y formación continua; y alentaremos mediante acuerdos el perfeccionamiento en Chile y el extranjero.

d) Comunicación. La profundización de la diplomacia digital en lenguaje y formato asequible para toda la ciudadanía (incluyendo la niñez), y ayudará a nutrir confianzas con actores públicos y privados, alentará mayor rendición de cuentas y legitimidad ciudadana, y estimulará nuevas vocaciones. Asimismo, un mejor uso de herramientas de gobierno digital – necesidad agudizada por la pandemia- aumentará la satisfacción de los usuarios de servicios consulares y otros que provee la cartera.

7) Migración en un mundo interconectado.

La migración es un fenómeno global. Y cuando el Estado dispone de mecanismos para administrarla de manera ordenada, segura, regular y digna, ésta es una oportunidad. No tenerlos incentiva la irregularidad. La evidencia empírica indica asimismo que la actitud represiva aumenta la movilidad irregular, el ingreso por pasos inhabilitados, y las infracciones a la ley.

La actual administración marginó a Chile a última hora del Pacto de Marrakech, que sin crear obligaciones jurídicas tiene el valor de facilitar soluciones multilaterales a la migración y potenciar el intercambio de información sobre los flujos. Por otra parte, en nuestra región buena parte de la migración tiene característica de refugio, por razones climáticas o de desastre natural, de seguridad u otras. Esta situación refuerza la necesidad de esquemas multilaterales.

A nivel interno, la nueva ley migratoria constituyó un avance. No obstante, la administración sigue siendo exhibiendo déficits e incompetencias.

Las deportaciones no están cumpliendo ni la ley nacional ni el derecho internacional (según informes de organismos internacionales y fallos de tribunales nacionales)
Falta coordinación entre órganos públicos relevantes (Cancillería, Interior, Defensa; Policías; Defensoría Penal Pública; Defensoría de la Niñez, entre otros)
Los instrumentos migratorios son deficitarios, al no permitir evaluación adecuada y dinámica de requisitos y condiciones particulares, trazabilidad, y ordenamiento progresivo de flujos por variación en las condiciones originales de ingreso. Las visas actuales (Responsabilidad Democrática y Reunificación Familiar) no cumplen su fin: se conceden en bajísimos porcentajes luego de una tramitación que puede extenderse por años, vulnerando el derecho humano a vivir en familia y afectando el interés superior de la niñez.

La crisis humanitaria generada en la macrozona norte del país por masivo ingreso irregular es un reto que requiere una respuesta realista, unitaria y con perspectiva gradual, que incluya las siguientes acciones:

1. Cooperación internacional:

un albergue humanitario levantado con apoyo internacional en la región de Tarapacá, con presencia de organismos internacionales y estándares propios de las soluciones multilaterales a situaciones como éstas.

2. Diálogo con países de la región:

convocatoria a una conferencia de alto nivel donde participen los países que son parte de la ruta migratoria, para coordinar el combate conjunto al tráfico ilícito de migrantes y otras responsabilidades conjuntas.

3. Juridicidad:

Las rápidas expulsiones masivas constituirían violaciones a los DDHH. No son posibles en el corto plazo. Por ello, en la implementación de la solución humanitaria es indispensable una coordinación efectiva de entidades del Estado, incluyendo el Gobierno Regional, el Poder Judicial, Policías, Defensoría de la Niñez e Instituto Nacional de DDHH.

Fuera del contexto de crisis, adscribiremos al Pacto de Marrakech y continuaremos implementando la nueva ley con nuevos instrumentos. Algunas medidas de proponemos son:

Robustecer el nuevo Servicio Nacional de Migración ya creado, apoyando su despliegue institucional y articulando respuestas armónicas en su acción con otras agencias públicas.
Crear una Unidad de Cumplimiento Judicial, el impacto de la judicialización del pasivo migratorio vía acciones constitucionales hace indispensable una estructura de este tipo.
Incorporar el Principio de Regularización Migratoria en la acción del Estado con vías de regularización para la migración forzosa, particularmente respecto de la niñez.
Incorporar un enfoque intersectorial en las políticas públicas para articular de manera adecuada respuestas del Estado en áreas claves para la integración (salud, educación, empleo) que acompañen el proceso de ingreso, regularización e integración.

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