Programa de Gobierno Gabriel Boric para abordar la Inmigración

Por: Yesid Alberto Castaño Velosa

29/10/2021

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Categoría: Programa de Gobierno

MIGRACIÓN Y POLÍTICA MIGRATORIA

Actualizacion de su propuesta migratoria 01/11/2021

Nuestro país requiere una política migratoria regular, ordenada y segura, alineada con los pactos internacionales, que reconozca los beneficios de la interculturalidad y promueva una real inclusión y reconocimiento de las personas migrantes y refugiadas en la sociedad. Para ello, proponemos mejorar los sistemas de regularización migratoria, potenciar los mecanismos de protección de los grupos más vulnerables y consolidar mecanismos de coordinación internacional para minimizar los factores adversos que obligan a las personas a abandonar su país de origen y abordar por medio de la cooperación las crisis humanitarias. Nuestra política se define sobre los siguientes principios:

Movilidad humana. Entendemos la migración como un fenómeno constitutivo de nuestra sociedad y la asumimos como parte de nuestro proceso histórico construido de forma colectiva.
Migración regular. Chile tiene una frontera permeable y por lo mismo nuestro compromiso es mantener condiciones de control de frontera que eviten la migración irregular a través del combate a las redes de trata y tráfico de personas, y mediante mecanismos de empadronamiento y evaluación de la situación de quienes a pesar de los controles ingresen clandestinamente. Quienes hayan cometido delitos graves o tengan antecedentes penales no podrán permanecer en el país.
Enfoque de derechos. Nuestra política de migración tiene como base el enfoque de derechos humanos, lo que implica un compromiso firme con la ratificación y seguimiento de acuerdos internacionales garantes de los derechos de personas migrantes y refugiadas bajo el enfoque de
seguridad migratoria (Ej: Pacto de Marrakech).
Interculturalidad. Este enfoque es condición transversal a las políticas públicas, especialmente en el ámbito de la salud y la educación, y su implementación no sólo beneficia a las personas migrantes, sino a la población en general. Ello implica modificar programas existentes y sentar las bases para impulsar programas que consideren la interculturalidad como principio y práctica.
Enfoque territorial. Los procesos migratorios tensionan los territorios, ninguna sociedad está preparada espontáneamente para incluir a las personas migrantes, por ello el Estado cumple un rol esencial en crear las condiciones para que las tensiones inherentes a la migración, no deriven en conflicto, violencia y un incremento de la vulnerabilidad. El apoyo a las comunidades y territorios de recepción es esencial y en esa línea nuestro programa fortalecerá las capacidades de los gobiernos locales y regionales para enfrentar la llegada y asentamiento de colectivos migrantes asegurando el bienestar de las comunidades receptoras.

Propuestas:

Firmar el Pacto de Marrakech por una migración segura, ordenada y regular e inicio de un proceso de revisión de las actuales normativas en Chile para adecuarlas a dicho instrumento.
Velar por una correcta implementación del Servicio Nacional de Migración en cada una de las regiones, promoviendo descentralizadamente la formación de sus funcionarios en derechos humanos, interculturalidad, el derecho al asilo y la no discriminación.
Garantizar y ampliar los derechos políticos de chilenas y chilenos residentes en el extranjero, resguardando la protección frente a vulneraciones de sus derechos sociales y civiles, fortaleciendo su vinculación con consulados y otros servicios del Estado y creando condiciones para que puedan retornar al país, cuando así lo deseen.
Desarrollar acciones nacionales, bilaterales y multilaterales para enfrentar la multidimensionalidad de las crisis humanitarias que ocurren en la región y su correlato en los procesos de migración masiva y de refugio.
Como respuesta a la crisis migratoria y al crecimiento de la migración irregular proponemos realizar un empadronamiento de las personas que se encuentran en situación de irregularidad para iniciar una
evaluación de cada caso, atendiendo las necesidades y capacidades de los mercados de trabajo locales y los compromisos internacionales que tiene Chile en materia de refugio y protección de la infancia.

A continuación compartimos la la primer propuesta de gobierno del candidato Gabriel Boric que estaba publicada en su sitio web antes del 1 de Noviembre de 2021

Nuestra política migratoria está basada en 8 definiciones fundamentales:
– Primero la comprensión de la migración como proceso constitutivo de la sociedad chilena. Se asume así, que la migración forma parte del proceso histórico que vive nuestra sociedad, y que la presencia de
colectivos migrantes ha contribuido a constituirla y proyectarla.

– Segundo, asumimos un enfoque territorial y descentralizado, pues entendemos que las singularidades
territoriales son centrales en materia migratoria.

– Como tercera cuestión, fundamentamos esta política en un enfoque feminista, lo que implica que los
programas, reformas legales, políticas de emergencia y cambios institucionales en este ámbito buscan
contribuir a la superación superar el régimen patriarcal y heteronormado.

– En cuarto lugar el enfoque intercultural será una condición transversal a las políticas públicas. Ello implica
sentar las bases para impulsar programas en este ámbito e incluirlo como eje en programas generales.

– Como quinto aspecto asumimos un compromiso con la internacionalización de la política migratoria,
orientándola a la cooperación entre el Estado chileno y los Estados de origen de migrantes y refugiados
residentes en Chile, así como con los de destino de los chilenos y chilenas residentes en el exterior.

– En sexto lugar adoptamos como base el enfoque de derechos humanos, lo que implica un compromiso
firme con la ratificación y seguimiento de acuerdos internacionales garantes de los derechos de personas
migrantes y refugiadas, y al mismo tiempo establecer este enfoque como un eje transversal de programas y
políticas generales.

– En séptimo lugar definimos la política de migración y refugio desde un enfoque de seguridad migratoria,
ello implica que las políticas de visados y gestión de frontera tendrán como objetivo garantizar la seguridad
y protección a las personas migrantes y refugiadas

– Finalmente enlazamos a nuestra política migratoria las garantías de derechos de chilenas y chilenos
residentes en el extranjero. Asumiendo el compromiso de garantizar y ampliar sus derechos políticos,
resguardando la protección frente a vulneraciones de sus derechos sociales y civiles, fortaleciendo su
vinculación con consulados y otros servicios del Estado y creando condiciones para que puedan retornar al
país, cuando así lo deseen.

Proponemos:

1. Creación de un plan integral para la inclusión y el reconocimiento de las personas migrantes y
refugiadas compuesto de los siguientes programas

a. Crear un programa nacional para la “primera acogida” de las personas migrantes, refugiadas y
retornadas que entregue acceso a información en la primera etapa de su asentamiento. Se
crearán en el marco de este programa protocolos orientados a garantizar el acceso universal a los
derechos y servicios sociales, independiente de la situación administrativa. Este programa
promoverá con prioridad la acogida de mujeres migrantes y de NNA y se construirá con un
enfoque de género.
b. Programa para personas refugiadas: Se propone la implementación de una política de acogida
que fortalezca el enfoque de derechos humanos y la integración efectiva, centrada en tres ejes: (i)
agilizar los procedimientos de reconocimiento, garantizando el derecho al debido proceso de los
solicitantes y velando por una correcta aplicación del concepto amplio de persona refugiada de la
Ley N°20.430; (ii) incorporar principios de sustentabilidad e integración efectiva para la acogida de
personas refugiadas y sus familias; y, (iii) reforzar las capacidades de gobiernos locales e
instituciones para el desarrollo de programas de acogida y ampliar los recursos para programas de
inserción laboral y social de personas refugiadas, en alianza con el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
c. Programa papeles al día: Modernizar el sistema de gestión de visas y residencias definitivas
para dotar al Servicio Nacional de Migraciones (SNM) de capacidades para agilizar la entrega de
documentos, y garantizar el acceso a cédulas de identidad a las personas que se encuentren en
procesos de tramitación. Se creará un sistema de visas simplificado que descargue al Estado de
procedimientos y trámites, y desburocratice las vidas de las personas migrantes.
d. Política de salud para personas migrantes. Se establecerá un equipo de coordinación
encargado de implementar la política de salud para migrantes vigente hoy en Chile, de manera
descentralizada y priorizando las dimensiones de género, salud mental y protección de NNA. Se
garantizará la cobertura de atención secundaria y especializada para personas no regulares. Se
asegurará la aplicación del decreto N°67 de Fonasa
e. Escuelas para el reconocimiento: Se desarrollará un trabajo articulado entre el SNM y el
Ministerio de Educación para el diseño e implementación de acciones orientadas a que en el
sistema escolar se habilite una adecuación curricular de acuerdo a la realidad de la población
escolar migrante de cada región.
f. Programa para trabajadores y trabajadoras: Tiene por objetivo combatir la discriminación
laboral y la explotación y favorecer la empleabilidad de los migrantes en igualdad de condiciones e independiente de su situación administrativa y género. Se destinarán mayores recursos para la
fiscalización en sectores de actividad prioritarios y a la entrega de información para empleadores.
No se perseguirá ni sancionará a trabajadores y trabajadoras extranjeros sin autorización de
trabajo al día y se incentivará su regularización con mecanismos permanentes.
g. Programa vivienda, barrio y mediación. Se garantizará el acceso de las personas migrantes
independiente de su situación administrativa, al Banco de Vivienda Protegida y a los programas de
vivienda humanitaria para la primera acogida, con prioridad en mujeres migrantes, víctimas de
violencia de género y personas cuidadoras. Al mismo tiempo se desarrollará un programa de
mediación de conflictos en los territorios en alianza con gobiernos locales y regionales.
h. Programa organizarnos para encontrarnos: Se desarrollará un programa para incentivar la
organización y participación política de la población inmigrante, refugiada, chilena residente en el
exterior y retornada y se promoverá su incorporación en espacios de decisión del Estado, no solo
referidos a la política migratoria si no en todas las áreas. Se promoverá especialmente
organizaciones lideradas por mujeres migrantes.
i. Política de capacitación y sensibilización en el Estado: Los servicios públicos serán espacios
seguros para personas migrantes y refugiadas, libres de racismo y discriminación. Además de
desarrollar protocolos para evitar y sancionar prácticas de este tipo, se crearán programas en los
servicios estratégicos para el proceso de inclusión, orientados a la capacitación y sensibilización de
funcionarios en interculturalidad y DDHH.
En la implementación del plan se fortalecerá en el diseño de la institucionalidad la articulación del
gobierno central con los gobiernos locales y regionales institucionalizando la coordinación y
garantizando la sustentabilidad de los programas de integración.

1. Reformas legales y ratificación de tratados internacionales:

i. Se establecerá la suma urgencia en la tramitación del proyecto de ley presentado por el Frente Amplio en junio de 2021 que crea el distrito internacional para chilenas y chilenos residiendo en el extranjero y habilita su participación en elecciones parlamentarias.

ii. Se reformará la ley de migraciones N°21.235 en los artículos que establecen el sistema de visados para garantizar que el permiso transitorio pueda derivar en una visa temporal; acortar el tiempo necesario para obtener la residencia definitiva a un año; establecer la regularización por arraigo al primer año de permanencia irregular; establecer la posibilidad de obtener una visa transitoria o de residencia temporal en la frontera territorial del país; y finalmente, se realizará una reforma en función de eximir a las personas migrantes que cometan simples faltas para que no sean objeto de la sanción de expulsión. Se establecerán las garantías del debido proceso y se reducirá la discrecionalidad y la atribución administrativa en materia de plazos y autorizaciones. Se suprimirá la moratoria de 24 meses para acceder a derechos en materia de seguridad social.

ii. Se garantizará legalmente la regularización migratoria y protección a víctimas de violencia de género,incluyendo a disidencias sexuales. Además, la política migratoria que se definirá por la víaadministrativa, considerará entre sus ejes principales la protección y regularización de víctimas de violencia de género.

iv. Se ampliará este estatuto de protección para NNA no acompañados que lleguen al país. Y se
incorporarán en el Plan Nacional de Cuidados garantizando que personas al cuidado de NNA migrantes cuenten con acceso a la regularidad evitando que las personas a cargo del cuidado se encuentren en situación irregular.

v. Se propone reformar la Ley N° 20.609 para dotarla de elementos para su concreción efectiva, orientándola a sancionar la incitación al odio en contra de las personas extranjeras y el racismo. Al mismo tiempo se ampliarán las situaciones que son objeto de protección por parte de esta ley incluyendo la situación administrativa.

vi. En materia de regulación internacional: se ratificará el Convenio 097 y las disposiciones complementarias recogidas en el Convenio 143 de la OIT, referidas a la Convención Internacional Sobre la protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Se promoverá su aplicación y se dará seguimiento a las observaciones realizadas por el Comité para Trabajadores Migrantes. Se implementará con todos los países miembros y asociados el acuerdo de residencia del Mercosur. Se firmará el pacto mundial para la migración segura, ordenada y regular.

2. Medidas para la emergencia humanitaria y la crisis post-covid.

i. Se abrirá un proceso de regularización extraordinario, que incluya a todas las personas sin documentos, independiente de la forma en que hayan ingresado al país. Quienes lleven avecindadas más de un año obtendrán un documento de residencia definitiva.

ii. Se pondrá fin a las expulsiones ilegales. En alianza con instituciones de protección de DD.HH., se revisará la legalidad de los decretos de expulsión administrativa no ejecutados a la fecha y se permitirá el acceso de estas personas a la regularidad. Se condonarán las deudas de arrastre vigentes, generadas por vencimiento de plazos y multas para detener la espiral de precarización en la que se encuentran estas personas. Se impulsará la reforma legal de las sanciones que establece la actual ley, eliminando la expulsión como sanción por faltas administrativas y se aplicarán criterios de proporcionalidad y de “última ratio” para la aplicación de las sanciones vigentes, priorizando la adopción de medidas que favorezcan la regularización e inclusión.